Los discursos parlamentarios de Práxedes Mateo-Sagasta

El Sr. SAGASTA: Poco tendrá que decir la Comisión en defensa del dictamen que ha tenido la honra de presentar a la Asamblea, después de lo dicho por el Sr. Montesino y el Sr. Ministro de Fomento contestando a los que han combatido el dictamen. Todos los señores que le han impugnado han estado conformes en el ataque, y ninguno, absolutamente ninguno ha propuesto un medio que reemplace lo que la Comisión dice. Esto prueba lo fácil que es impugnar una idea, y lo difícil de proponer otra que la sustituya.

A dos pueden reducirse los argumentos hechos en contra del dictamen. Se han opuesto algunos señores a los 4 millones que anualmente se consignan en el presupuesto de gastos del Estado para las obras del canal de Isabel II, en la suposición de que esta obra es puramente local y que no hay en ella más interés que el de la Municipalidad. Yo no quiero entrar en la cuestión de hasta qué punto una obra de esta magnitud, una obra que ha de satisfacer tantas necesidades, que ha de cumplir tantos deseos, que ha de pagar tantos sacrificios, puede considerarse como municipal.

Yo no sé hasta que punto debe una obra considerarse como municipal cuando tiene por objeto satisfacer las necesidades de la capital de la Monarquía española, el centro de la Nación; satisfacer las necesidades de una población en la cual, ya transitoria, ya temporal, ya periódicamente, está la mayor parte de la Nación. (Varios Sres. Diputados piden la palabra.) Pero yo, a fuerza de generoso, quiero concederlo así: quiero suponer que esa obra, el canal de Isabel II, es una obra exclusivamente de la Municipalidad de Madrid, y con esto se calmarán los señores que se han apresurado a pedir la palabra. Voy a partir del principio de que la traída de aguas a Madrid es una obra exclusivamente municipal. Pero en ese caso se presentan aquí dos cuestiones: una, la traída de aguas a Madrid; cuestión municipal, cuestión de interés local. Otra cuestión, la de ver el medio cómo el Gobierno o la Nación recupera 34 millones que en esas obras tiene ya invertidos, y ver el medio de dejar de pagar los intereses que está pagando por el resto del capital invertido en ellas y que se dio bajo la garantía del Gobierno. Pregunto: ¿hay algún Diputado que niegue que esta cuestión es de interés general? Ciertamente que no. Luego aquí tenemos dos cuestiones: una de interés municipal, otra de interés general. Por manera que los 4 millones que tanto el Gobierno como la Comisión proponen se consignen, anualmente en el presupuesto general, no son tanto para traer las aguas a Madrid, cuanto para recuperar los 34 millones empleados ya por el Tesoro y pagar los intereses del resto del capital invertido bajo la garantía del Gobierno.

Sesenta y tantos millones hay empleados en las obras; 34 corresponden a la Nación; los ha entregado el Gobierno en representación del país; no me meto en si al hacerlo así obró bien o mal; no es esta la cuestión; y el resto de ese capital hasta los sesenta y tantos millones se ha invertido bajo la garantía del Gobierno. Pues bien; esos 34 millones no pueden recuperarse mientras las obras no se concluyan: y aquí verán los Sres. Diputados cómo la conclusión de las obras es de interés general, e interés de que no pueden prescindir ninguno de los Sres. Diputados que se sientan en estos bancos.

Queda, pues, evidentemente demostrado que en la cuestión que nos ocupa hay también una cuestión de interés general, como he manifestado, y es la de recobrar la cantidad invertida y devolver las que los particulares han invertido bajo la salvaguardia del Gobierno; cantidades que no pueden recobrarse sin concluir las obras; cantidades que mientras las obras estén paralizadas surten el mismo efecto que si se hubieran tirado al fondo del mar.

Pero hay otra consideración que ha movido a la Comisión a consignar en el presupuesto del Estado esos 4 millones. Señores, el Ayuntamiento de Madrid está haciendo sacrificios superiores a sus fuerzas; sobre él pesa una carga que le abruma y le abrumará completamente. Está sosteniendo dos o tres mil obreros que de otro modo se quedarían sin trabajo, y que hoy tendrá que despachar, pues no le quedan recursos de ninguna especie. Pues bien; deber del Gobierno es, y deber imprescindible, procurar ocupación y sustento a las clases menesterosas; y hay que tener en cuenta que las clases menesterosas que pueden tener ocupación en el canal de Isabel II no son sólo de Madrid, sino que son de toda España. La clave de los Gobiernos que tratan ante todo de cumplir con sus deberes, que ante todo quieren conservar la tranquilidad del Estado, que ante todo prefieren el orden público, estriba en el desarrollo y fomento de las obras públicas, que no solo tienen por objeto un interés para el porvenir, sino que tienen el fin inmediato de separar de la ociosidad las fuerzas que la naturaleza ha dispuesto para que el Gobierno o los particulares las empleen. Desde el momento en que esas fuerzas se descuidan, fácilmente se aprovechan de ellas los explotadores de las masas, y entonces no hay tranquilidad, no hay orden público, no hay sociedad.

Ahora bien; con los medios de que el Ayuntamiento puede disponer (a cuya corporación se ha consultado repetidas veces), no sería posible en algún tiempo continuar las obras del canal de Isabel II. El Ayuntamiento nos ha dicho más de una vez, lo ha dicho al Gobierno y lo ha dicho al Consejo de administración del canal de Isabel II, que no le era posible disponer de más medios que los que propone, y consisten en 8 millones al año. En seis meses que restan de año podremos contar, pues, con solo 4 millones: pues bien, más de 4 millones se deben por las obras ya hechas, y es indispensable pagarlos antes de continuarlas.

Por manera que si el Gobierno no hubiera aumentado los 4 millones que se proponen en el proyecto, las obras del canal no podrían continuarse en todo el resto del año. Y yo pregunto: ¿qué hacemos con esa infinidad de hombres que no tienen pan ni trabajo? ¿Los hemos de dejar en la miseria? No. Si las obras del canal de Isabel II no existieran, si no hubiera obras públicas que emprender, sería necesario inventarlas, siempre que hubiese brazos ociosos; sería preciso inventarlas hasta el punto de destruir hoy lo mismo que hicimos ayer para volverlo a construir mañana y deshacerlo al día siguiente.

Esta ha sido la razón que la Comisión ha tenido para proponer que en el presupuesto general se consignen anualmente 4 millones con destino a las obras del canal de Isabel II hasta que esas obras se concluyan. De manera que puede decirse que los 4 millones son los emisarios que han de ir a traernos ese gran capital que tenemos invertido, que tanta falta nos hace, mas los que han invertido los particulares bajo la garantía del Gobierno.

Otro cargo se ha hecho al dictamen de la Comisión, y es, que propone una operación de crédito cuya [5.731] necesidad niegan absolutamente algunos Sres. Diputados. Señores, la operación de crédito es absolutamente necesaria por la misma razón que he dicho antes. Si no se hace esa operación, no podremos disponer en lo que resta de año mas que de 6 millones, 2 de los cuales ha de pagar el Gobierno. De esos 6 millones, 4 se invierten en pagar lo hecho; de manera que quedan solo 2 que ha de dar el Tesoro. Los Sres. Diputados saben muy bien que el Tesoro no se halla tan desahogado que en el momento podamos dar 2 millones. Por consiguiente, sin la operación de crédito no sería posible dar principio a las obras del canal de Isabel II. Quedarían, pues, los capitales, invertidos en él sin producir utilidad y al mismo tiempo causando gastos al Tesoro, pues estamos abonando el 6 por 100 de los capitales invertidos.

Sin la operación de crédito se necesitan para concluir las obras del canal 60 millones; y como quiera que no podemos disponer mas que de 8, resulta que son necesarios cerca de ocho años para su conclusión; es decir, que sin la operación de crédito tendremos por espacio de ocho años enterrados en esas obras, primero, 34 millones que ha dado el Gobierno; segundo, el resto hasta sesenta y tantos millones que han invertido los particulares; tercero, el interés del 6 por 100 que están produciendo.

Vemos ahora los inconvenientes que tiene esa operación. Con ella se puede acabar la obra en tres años; con el sistema de amortización que se propone quedará amortizado el capital en ocho años.

Quiero suponer que en el primer año se emitan acciones por el valor total de los 50 millones que se proponen; los intereses que el Gobierno pagará de esos capitales, serán el 8 por 100, más el 1 por 100 de premio, o sea el 9 por 100. En el primer año, suponiendo que se emitan los 50 millones, le cuestan al Estado 4½ millones los intereses que tiene que pagar; pero como quiera que el capital va disminuyendo a medida que se va amortizando, resulta que cada año los intereses van descendiendo también; y si en los ocho años ha de desaparecer el capital sobre que giran los intereses, claro es que en el último éstos serán cero; los intereses vienen a ser 2¼ millones en cuatro años, porque el total son 9 millones, de los cuales dos terceras partes corresponden al Ayuntamiento y la otra al Gobierno; es decir, que a éste le cuesta la operación de crédito 3 millones de reales, y terminándose, en tres años recuperará esa suma y dejará de pagar el interés que se paga a los accionistas.

He dicho antes que en ocho años no se acabarían esas obras y el Gobierno se vería con 34 millones ya invertidos y 30 que le están costando los intereses o que le costarían en los ocho años; es decir que sería una operación de crédito de unos 12 o 14 millones. Todo eso tendría que salir de las arcas del Tesoro.

Se ve, pues, que aun prescindiendo de las ventajas inmensas que ha de reportar la traída de las aguas a Madrid, ventajas que no es fácil apreciar en metálico, ventajas que no es fácil traducir a dinero, reduciendo la cuestión a números, todavía hay una diferencia a favor del Estado de 10 o 12 millones de reales.

Esto en cuanto a las impugnaciones que se han hecho.

Respecto a los medios que se han propuesto, es difícil contestar, porque cada uno de los señores que han hecho uso de la palabra ha propuesto uno distinto, si no han sido opuestos. Esto solo prueba la superioridad del que presenta la Comisión. En su consecuencia, no quiero molestar más la atención de las Cortes; sólo le ruego que teniendo en cuenta esta circunstancia y las demás consideraciones que he tenido el honor de hacer se sirvan dar su aprobación al dictamen.